Técnicos de Hacienda estiman que la especulación le supone al Estado un sobrecoste anual de 1.400 millones

MADRID
SERVIMEDIA

Los fuertes movimientos especulativos que se están llevando a cabo contra la deuda pública española y el euro en los mercados financieros está provocando un sobrecoste en la financiación del Estado de 1.403 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).

Este colectivo calcula que, de mantenerse una sobretasa de un 1% (100 puntos básicos) en el diferencial con el bono alemán a diez años, cada familia española de cuatro miembros tendrá que pagar una media de 120 euros al año adicionales.

Los técnicos recuerdan que durante el martes de la semana pasada se alcanzó el pico de 200 puntos básicos de diferencial con el bono alemán a 10 años, que se ha rebajado a 100 puntos ayer mismo, gracias al plan de rescate aprobado en la madrugada del domingo pasado por los ministros europeos de Economía.

Según Gestha, estos movimientos provocan un aumento adicional de los intereses de financiación que pagan el Estado y las Administraciones Públicas, al endeudarse cuando los ingresos son menores que los gastos públicos (déficit) debido a las inversiones en infraestructuras y equipamientos (carreteras, colegios, etc.), el mantenimiento del bienestar social (sanidad, pensiones, prestaciones por desempleo y dependencia) o las medidas para reactivar la economía (Plan E, Plan 2000E, subvenciones, incentivos fiscales, etc.).

Los Técnicos de Hacienda explican que el Estado se financia emitiendo deuda pública (letras, bonos y obligaciones) que compran los inversores (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fondos de inversión, particulares...), a los que paga un interés que se fija en subasta en función de la oferta (importe de la deuda que necesita el Estado) y la demanda (la predilección de los inversores por la deuda pública española).

Los costes de financiación se mueven en relación con su nivel de solvencia, es decir, el grado de seguridad que tienen los inversores de que no van a sufrir un impago. Esta evaluación es compleja, y el mercado confía en la valoración que hacen las agencias de calificación crediticia (Moody´s, Standard&Poor´s o Fitch), que puntúan la deuda de los Estados y los valores, así como las acciones de las empresas.

Según explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "cuanta mejor nota (la más alta es la codiciada "triple A", AAA), menos interés tendrá que pagar un Estado para financiarse. Es decir, cuanto más solvente o fiable resulte una economía (que crezca o que presente planes creíbles de reestructuración y reforma), menos le costará financiarse, y viceversa".

Por ello, Gestha propone al Gobierno una serie de medidas adicionales para evitar un mayor encarecimiento de la deuda pública. En primer lugar, ante el Plan de Consolidación Fiscal que mañana anunciará el presidente del Ejecutivo, los Técnicos de Hacienda proponen que se incluya el objetivo de recaudar anualmente 38.000 millones de euros en impuestos evadidos y cuotas de la Seguridad Social defraudadas, lo que reduciría la economía sumergida española a la media europea y reduciría el déficit y las necesidades de financiación del Estado.

Además, propone que el Ejecutivo lidere, durante la presidencia semestral de la Unión Europea, la negociación para alcanzar un acuerdo europeo sobre las obligaciones de transparencia de los inversores, restricciones a las posiciones especulativas en perjuicio de la economía de un país -que podrían llegar a la prohibición de las ventas en descubierto- y el aumento de la tributación de las sociedades y fondos de inversión.

(SERVIMEDIA)
11 Mayo 2010
JBM/lmb