Según informó hoy este tribunal, ayer concluyó la deliberación, iniciada el pasado 14 de marzo, de varios recursos de casación interpuestos en el incidente de ejecución de la sentencia relativa a los ruidos ocasionados por la cuarta pista (18R/36L) del aeropuerto de Barajas.

Esta denuncia fue interpuesta por los vecinos de la urbanización Santo Domingo, próxima al aeródromo.

La sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido, tal como sostenían tanto los afectados como AENA y el Abogado del Estado, que el auto impugnado "no se ajusta a lo dispuesto por la sentencia que se trata de ejecutar".

En concreto, tras rechazar que dicha sentencia exija una prohibición absoluta de sobrevuelo en la zona controvertida, el Tribunal Supremo considera "que una reducción de los vuelos al 30% -según había establecido el TSJ de Madrid- tampoco constituye fiel ejecución de lo ordenado en su día".

Por tanto, el Tribunal Supremo, que dará a conocer el texto de su resolución en los próximos días, fija las bases que deberá seguir la Administración para la exacta ejecución de la mencionada sentencia.

PÉRDIDA DE PASAJEROS

Según un informe oficial de Aena, el cierre de esta pista o la limitación de sus operaciones supondría dejar de crear en la región unos 14.000 puestos de trabajo, que supondrían unos 42.000 en toda España.

"No debemos olvidar que este aeropuerto es la primera empresa de la Comunidad de Madrid y el principal centro productivo de España", apunta el informe.

De acuerdo con los datos, el aeródromo madrileño aporta al Producto Regional Bruto (PRB) de la Comunidad de Madrid más de 18.000 millones de euros, un 10% del mismo.

Además, desarrollan su actividad alrededor de 300 empresas y más de 80 compañías aéreas, con lo que genera 40.000 empleos directos; 105.000 en la Comunidad de Madrid y 305.000 en el ámbito nacional.

El impacto total sobre el empleo (directo, indirecto e inducido) en el territorio nacional es de 6.800 empleos por cada millón de pasajeros.

Un eventual cierre de la pista 18R/36L o las reducción del 30% de sobrevuelos sobre la urbanización supondrían una reducción "muy importante" de la capacidad operativa del aeropuerto.

DENUNCIAS DE VECINOS

El informe apunta que en el año 2004, como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves en la urbanización Ciudad Santo Domingo, 345 vecinos de esta zona interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra Aena.

No obstante, desde el año 2006 sólo cinco vecinos de la urbanización continúan con el proceso.

Los demandantes reclaman la paralización de la utilización de la citada pista como consecuencia de los ruidos que se generan, tras lo cual el Tribunal Supremo ha reconocido la vulneración del derecho fundamental a la intimidad domiciliaria de los vecinos como consecuencia del ruido.

No obstante, dicha sentencia no ordenaba el cese de los sobrevuelos de los aviones sobre esta urbanización, sino que se tomen medidas para que cese la causa de la lesión, identificando como causa de la misma el ruido producido por los sobrevuelos a baja altura, para lo cual se adoptaron medidas para tratar de minimizarlos.