Iñarritu llevó este tema a la sesión de control en el Senado, pidiendo “la verdad, la justicia y la reparación” de las “miles de víctimas vascas de la tortura”, y Catalá contestó inicialmente que el Gobierno lo que hará es seguir trabajando para que España continúe siendo un Estado de Derecho y aplique las leyes, y que luchará por la justicia y verdad de “todas las víctimas”, sin ponerles “apellidos”.

El senador de Bildu dijo estar de acuerdo con defender a todas las víctimas sin exclusiones, y en esa línea denunció que más de 400 agentes de la Policía o la Guardia Civil han sido expulsados por delitos y mencionó especialmente el del sargento Cuevas Carretero, que fue condenado, indultado, ascendido y nombrado representante de España ante el Comité de la UE para la Prevención de la Tortura. Bildarratz quiso saber si hay más casos como éste.

El parlamentario vasco terminó citando un informe del Gobierno vasco según el cual ha habido más de 5.000 casos de tortura en el País Vasco, frente a lo cual el Ejecutivo español ha asegurado que las denuncias de los etarras sólo seguían un manual de estrategia de la banda terrorista. En esa línea, preguntó si el Gobierno central reconocerá el daño causado y tomará medidas contra los torturadores indultados o ascendidos.

Catalá indicó que España es un Estado de Derecho, los tribunales independientes y los cuerpos de seguridad trabajan por las libertades de todos, incluidos los abertzales. Por eso, pidió a su interlocutor un reconocimiento por los agentes y por los tribunales que, recordó del Constitucional, en su día legalizaron Bildu, y deberían merecer la misma credibilidad al negar que haya pruebas de torturas de los agentes de policía. “No hay prácticas de tortura. Somos firmantes de todas las convenciones internacionales contra la tortura y hacemos ejercicio cotidiano de sus resoluciones”, aseguró el ministro.