Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, quien señaló que desde mayo de 2012, con el Código de Buenas Prácticas, el Ejecutivo ha adoptado medidas para hacer frente al “drama de los desahucios” como “consecuencia de la crisis económica”.

El Gobierno había anunciado inicialmente la prórroga de la suspensión de los lanzamientos de vivienda habitual a familias vulnerables hasta el 15 de mayo del año 2019, aunque se mostró favorable a ampliarlo un año más como recogía una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados.

En el texto aprobado por el Gobierno se recoge también una ampliación del concepto de familias vulnerables, hasta ahora aquellas con hijos menores de tres años, a unidades familiares con hijos menores de edad.

También se recoge ahora como beneficiarios la unidad familiar monoparental con hijos a cargo, en vez de con dos hijos, y se amplía el supuesto de situación de desempleo, al eliminarse el requisito de haber agotado las prestaciones.

Por otra parte, en el real decreto se amplía al Código de Buenas Prácticas el criterio de unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género y los hogares en los que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave.

En otro bloque de medidas se introduce en el Código de Buenas Prácticas la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada y se establece que el precio máximo anual del alquiler será el 3% del valor de la vivienda. El arrendamiento tendrá una duración de cinco años, prorrogable otros cinco.

Además, el Gobierno, en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor del real decreto, propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de suspensión de lanzamientos.

80.000 BENEFICIADOS

De Guindos explicó que más de 80.000 familias se han beneficiado de las medidas de protección de deudores hipotecarios puestas en marcha por el Ejecutivo en los últimos años.

En concreto, ha habido 38.500 reestructuraciones de deuda, más 7.000 daciones en pago, 9.000 familias han accedido a una vivienda del Fondo Social y se han suspendido más de 24.000 lanzamientos.

AMPLIO CONSENSO PARLAMENTARIO

El ministro subrayó que con este decreto se “amplía y profundiza” la “protección no sólo desde el punto de vista de la extensión del periodo de moratoria, sino que también hemos mejorado los criterios de familias vulnerables”.

Además, señaló que se ha “negociado” con los principales grupos parlamentarios y garantizó que hay un “consenso muy amplio para aprobarlo”.

El titular de Economía recordó que el 15 de mayo de este año vencía el plazo y explicó que “no hemos esperado al último día” porque se trata de un tema que “generaba mucha incertidumbre”.

En todo caso, De Guindos quiso dejar claro que “lo importante no son las medidas paliativas” y subrayó que la razón fundamental de la caída de los desahucios en un 30% en el último año es consecuencia del crecimiento económico y de la creación de empleo.

Por ello, aseguró que “para acabar con el drama de los desahucios es necesario que siga la recuperación económica”.

El ministro también señaló que el 95% de las familias paga préstamo hipotecario “mes a mes” y que el Gobierno ha tomado medidas para el 5% restante. Han sido medidas, aseguró, que “han tenido un impacto”, pues 80.000 familias beneficiadas “es un número especialmente relevante”.