La diputada de Ciudadanos Dolores González, que defendió esta iniciativa, dijo que con ella “buscamos prevenir la corrupción y mejorar los controles”.

Manifestó que se pretende beneficiar a los funcionarios autonómicos y “proteger el derecho de confidencialidad y amparar al denunciante”.

Podemos apoyó esta iniciativa y su diputado Miguel Ongil manifestó que los denunciantes “no tienen que ser héroes para hacer lo correcto”.

El diputado del PSOE José Manuel Franco indicó que apoya la propuesta de Ciudadanos, partido al que criticó porque va “de abanderado de la lucha contra la corrupción” pero “luego apoya al PP para que siga gobernando”.

Por parte del PP, la diputada María Eugenia Carballedo explicó que no está de acuerdo con esta iniciativa porque contiene cuestiones de contenido que no competen a la Comunidad de Madrid.

“El Ministerio de Hacienda dice que allí donde están legislando y quieren medidas de protección a los funcionarios no pueden llegar porque están contraviniendo el orden constitucional de competencias”, manifestó.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, consideró que se trata de una de las iniciativas legislativas “más lamentables” que ha visto en la Asamblea.

“A nivel nacional se está creando una ley que introduce como normativa básica medidas de protección de los funcionarios que Ciudadanos ha metido en la ley madrileña, lo que es inconstitucional porque es normativa básica y está en manos de Congreso y Senado", indicó.