El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web 'www.poderjudicial.es' y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (artículos 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (artículos 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (artículos 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (artículos 428, 429 y 430), malversación (artículos 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (artículos 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (artículos 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículos 286, 3º y 4º).

De los 112 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 21 corresponden al último trimestre de 2016. En cuanto a las personas acusadas en esos procedimientos -un total de 659-, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 78 de ellas en el último trimestre del año pasado.

76% DE SENTENCIAS CONDENATORIAS

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron 104 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 79 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 76 por ciento del total. Ese porcentaje recoge las condenas impuestas con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias.

El repositorio ofrece datos de las 32 sentencias notificadas en el cuarto trimestre de 2016, de las que 23 fueron condenatorias. La suma de los cuatro trimestres del año pasado que recoge la base de datos es de 266 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. De ellas, 48 corresponden al último trimestre de 2016.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.