De esta manera, queda anulado el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero y se reactiva la multa de 27.000 euros diarios por la que España lleva acumulados ya unos 23 millones de euros. Además, sigue abierta la amenaza de que se produzca una nueva sentencia condenatoria que supondría una multa de 134.000 euros diarios.

Por ello, según explicaron fuentes del PP, el Gobierno quiere negociar con Bruselas una posible restructuración de esta multa con la promesa de presentar en breve una nueva normativa que cumpla la sentencia.

Para llevar a cabo esta promesa, el Ejecutivo se plantea dos opciones. La primera de ellas es aprobar un nuevo decreto similar que trataría de incorporar las modificaciones necesarias para que pueda superar su tramitación parlamentaria.

También contempla la posibilidad de que sea un proyecto de ley, pero en este caso exigirá el compromiso de los grupos de la Cámara Baja de que se tramite de forma urgente, lo que supondría un plazo un poco superior al necesario para convalidar un decreto pero permitiría el debate de enmiendas.

Paralelamente, confía en que la negociación que llevan a cabo la patronal Anesco y los sindicatos pueda alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes, con la base de la propuesta presentada por los ministerios de Fomento y de Empleo.

Este fracaso en la convalidación de un decreto solo ha ocurrido en otras dos ocasiones bajo el marco de la actual Constitución, la primera de ellas en 1979 y la segunda durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque en ese caso se trató de un error de voto que posteriormente se subsanó aprobando de nuevo el decreto.