Lesmes se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia del Congreso, donde esta tarde comparece para facilitar los últimos datos sobre la situación de los tribunales españoles.

En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, el presidente del Consejo anunció que su institución trabaja “en la posibilidad de crear una red de expertos en corrupción, que sirva de apoyo al instructor, integrada por jueces y magistrados especializados, tanto en el ámbito de los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad autónoma como de la Audiencia Nacional”.

Explicó que esta iniciativa “en ningún caso supondría una intromisión en la actividad jurisdiccional, sino un apoyo para los jueces en el desarrollo de las cuestiones instrumentales del proceso”.

“GUÍA” PARA PERSEGUIR CORRUPTOS

Lesmes también anunció que en las próximas semanas el Consejo dará a conocer la llamada ‘Guía de actuación en causas complejas por corrupción’, realizada por jueces y fiscales expertos en esta materia. Recogerá “todos los instrumentos existentes en la lucha contra la corrupción, tanto a nivel nacional como internacional, así como las buenas prácticas procesales en la instrucción de una causa compleja por corrupción en todas y cada una de las diferentes etapas procesales”.

El presidente del Consejo también se refirió a la actividad desplegada en 2016 por la Unidad de Apoyo a las Causas por Corrupción, cuya creación anunció él mismo en marzo de 2015. Esta sección buscaba respaldar a los jueces que aprecien “dificultades” al investigar o enjuiciar causas complejas relacionadas con la corrupción.

Esta unidad recibió en 2015 un total de 18 solicitudes de apoyo, mientras que en 2016 fueron 23. Lesmes apuntó que, a tenor de estos datos, podía hacer una “valoración bastante positiva” de la Unidad de Apoyo a las Causas por Corrupción.

Al mismo tiempo, destacó la importancia que el Consejo da al llamado “mapa de corrupción”, en referencia a los datos que está ofreciendo en su web con la situación de los sumarios de corrupción, con lo que se busca que los ciudadanos puedan seguir su evolución en los juzgados.