De esta queja se hace eco el número de mayo del "Boletín informativo" de la asociación Jueces para la Democracia (JpD).

Según un artículo de este boletín recogido por Servimedia y titulado "Traductores", la Sección Territorial de Madrid de JpD ha denunciado los "gravísimos problemas" que se están produciendo respecto a "la designación de los traductores e intérpretes que intervienen en las actuaciones judiciales".

Los jueces madrileños reivindican que en el nombramiento de traductores e intérpretes judiciales "se tenga en cuenta que aquellos han de tener la formación y acreditación necesarias como intérpretes jurados y en su defecto, titulación superior en esta materia".

Estos magistrados añaden que las actuales adjudicaciones sobre traductores en Madrid "se han revelado muy deficientes, al suponer en la práctica que la Administración autonómica cede a terceros una serie de garantías individuales, procesales y constitucionales susceptibles de ser vulneradas por ausencia de ulterior control administrativo sobre dichas empresas, las cuales tienen una finalidad primordialmente lucrativa".

Según JpD, "esta situación está provocando indefensión a los ciudadanos extranjeros y nacionales que precisan de un intérprete o traductor, indefensión que debe ser evitada a toda costa por jueces y magistrados".