Según informó el Cermi en una nota, a diferencia de la Unión Europea y de otros países más avanzados en una gobernanza de calidad, España carece de normativa sobre los grupos de presión o interés, que son aquellas estructuras organizadas que tratan de influir o incidir sobre los decisores políticos o administrativos, para ver satisfechas sus demandas o aspiraciones.

A juicio del comité, "no puede diferirse más la aprobación de una regulación legal de los grupos de interés, que exija su inscripción en un registro público, señale un campo de actuación lícito en relación con los poderes públicos y obligue a la transparencia de sus demandas, actividades y gestiones".

"El buen gobierno no solo vincula a los poderes públicos estrictamente considerados, sino que debe extenderse a aquellas estructuras sociales que tienen como objeto influir, siempre para fines legítimos, los únicos admisibles, en los responsables políticos y administrativos", indica la nota.

Hasta el momento, en el ámbito de la Administración General del Estado solo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por decisión propia, ha creado un registro de grupos de interés, en el que el Cermi, en representación de la discapacidad organizada, se inscribió desde el primer momento.

Precisamente hoy el Pleno del Congreso de los Diputados abordará la toma en consideración de una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara Baja, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para la regulación de los grupos de interés, que supone, según el Cermi, "un primer paso en esta dirección, pero que se limita únicamente a la actuación de grupos de interés ante esa Cámara, no ante todos los poderes públicos".