En 2016 volvió a incrementarse el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles en procesos relativos a violencia de género. Frente al 62,6 por ciento de condenas que se produjeron en 2015, en el pasado año el porcentaje de sentencias condenatorias se elevó hasta un 66,2 por ciento.

Los datos estadísticos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ reflejan que en el total del año, las sentencias dictadas fueron 47.175, de las que 31.232 fueron condenatorias y 15.943 absolutorias.

CONDENAS Y DENUNCIAS

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con algo más del 82 por ciento, y en las audiencias provinciales, con más de un 81 por ciento, con incrementos interanuales en ambos casos del 5 por ciento. El porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal también se incrementó y se situó en el 54,9, cuando en el año anterior se había producido un 52,3 por ciento de sentencias condenatorias.

Durante el año 2016, los juzgados españoles recibieron un total de 142.893 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento de 10,6 puntos respecto de 2015, cuando las denuncias fueron 129.193.

Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 134.462 (incremento del 8,7 por ciento), de las que 40.168 eran extranjeras, un 29,9 por ciento.

POR COMUNIDADES

En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que es de 56,7, las comunidades de Baleares, con una ratio de 93,3, y Canarias y Murcia, con 81, mientras que la ratio más baja se da en La Rioja, con 27,7.

Algo más de un 69 por ciento de las denuncias presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la Policía se sitúan en casi el 17 por ciento de los casos, y el número de denuncias presentadas por familiares de la víctima representaron un 1,44 por ciento del total. Los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron algo más del 10 por ciento de las denuncias.

En el pasado año, en 16.118 casos la víctima de violencia de género se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 12 por ciento en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género, cifra idéntica a la del año anterior.

De las mujeres que se acogieron a la dispensa 10.427 eran españolas, un 64,7 por ciento del total, y 5.691 eran extranjeras, un 35,3 por ciento, porcentajes ambos similares también a los de 2015.

MAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Durante 2016 se solicitaron 43.311 órdenes de protección en los órganos judiciales. Un total de 37.956 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 5.355 lo fueron en los juzgados de guardia.

El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto a 2015 fue de un 4,59 por ciento. Más de un 64 por ciento de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas (24.367), siete puntos por encima del año anterior.

En los juzgados de guardia se acordaron 3.849 órdenes de protección, lo que supone un 72 por ciento del total de las solicitadas, habiendo sido denegadas 1.505. En un 51 por ciento de los casos la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección, mientras que en un 49 por ciento restante la relación se había extinguido.

Un 29 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres extranjeras y un 2 por ciento del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad en el momento de la solicitud, porcentajes que coinciden con los del año anterior.

Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 60.831 medidas judiciales penales de protección de las víctimas, entre las que destacan la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación, que se adoptaron, respectivamente, en un 98 y un 96 por ciento del total de órdenes de protección acordadas.

En 2016, los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 23.477 órdenes de alejamiento y 22.955 medidas de prohibición de comunicación, lo que supone un importante incremento, en ambos casos, de 22 puntos respecto a las órdenes y medidas adoptadas en 2015.

Al mismo tiempo, se dictaron 16.485 medidas civiles cautelares, tendentes a la protección tanto de la mujer como de los menores, mientras se resolvía el proceso penal. Un 31,3 por ciento de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 26,5 por ciento resolvieron la atribución de la vivienda, siete puntos porcentuales más que el año anterior.

Asimismo, se adoptaron 1.498 suspensiones de la guarda y custodia y 1.035 suspensiones del régimen de visitas, cifras ambas que suponen un incremento de casi dos puntos en relación con las del año anterior.

JUICIOS

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año un total de 8.207 juicios sobre delitos leves o faltas, de los que 3.465 fueron juicios de enjuiciamiento inmediato. En el 86 por ciento de los casos los juicios fueron por vejaciones injustas o injurias.

Estos juzgados ingresaron a lo largo del año un total de 197.937 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 57 por ciento, corresponde a las lesiones previstas en el artículo 153 del Código Penal y un 11 por ciento al de lesiones previsto en el artículo 173 de la misma norma.

Un total de 19.241 sentencias penales fueron dictadas en 2016 por los juzgados de violencia sobre la mujer, de las que un 82,2 por ciento (15.823) fueron condenas, suponiendo un incremento de cinco puntos respecto del año anterior.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente, divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En 2016 estas demandas sumaron un total de 15.275, consolidando así la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 28.867 asuntos, mientras que el número de asuntos que ingresaron fue de 28.917. Se dictaron 27.652 sentencias, de las que el 54,9 por ciento (15.179) fueron condenatorias, dos puntos y medio porcentuales más que en 2015.

En las audiencias provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con pena privativa de libertad superior a cinco años, se dictaron 282 sentencias, 230 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 81,5 por ciento del total de sentencias dictadas en todo el año, con un incremento interanual del 5 por ciento.

MENORES

Por último, los juzgados de menores enjuiciaron en 2016 por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer a 179 menores de edad, 21 más que el año anterior. Se impusieron medidas en 164 casos, 132 relativos a menores españoles y 32 a menores extranjeros.

la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, cree que los datos evidencian que la sensibilidad hacia la problemática de la violencia de género crece.

“Es positivo que aumenten las condenas y las denuncias, pero sobre todo resulta satisfactorio comprobar que se incrementan de manera muy notoria las medidas de protección de las víctimas, sean mujeres o sean hijos o hijas”, aseguró.

Carmona entiende que hay una mayor sensibilización institucional ante el fenómeno de la violencia de género que queda patente en el hecho de que las órdenes de alejamiento o las prohibiciones de comunicación adoptadas por los órganos judiciales afecten a la práctica totalidad de los casos en que se ha solicitado una orden de protección, lo que supone un incremento porcentual de 22 puntos, a lo que hay que añadir el dato de incremento de las medidas civiles de protección, esencialmente, de los menores.