Así se recoge en el orden del día de la Cámara Baja, que sitúa como el primer punto a debatir este jueves, a las 9.00 horas, la convalidación del Real Decreto Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014.

El Ejecutivo, que decidió aplazar la votación inicialmente prevista para el jueves de la pasada semana, justificó la demora como un intento de dar más tiempo para que la patronal Anesco y los sindicatos alcanzaran un acuerdo.

En la reunión que mantuvieron ayer los estibadores, la patronal y el Gobierno, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que con la propuesta que presentaba se puede garantizar el 100% del empleo actual en el sector, afirmación que niegan los sindicatos.

El Gobierno, que de momento no tiene garantizado que el decreto supere la votación de convalidación en el Congreso -aunque tampoco se descarta que finalmente consiga los apoyos necesarios-, tenía la posibilidad de retrasar el trámite una semana más, puesto que dispone de 30 días para convalidar los decretos.

De hecho, se expone a que el decreto no sea convalidado, algo que solo ha ocurrido en otras dos ocasiones bajo el marco de la actual Constitución, la primera de ellas en 1979 y la segunda durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque en ese caso se trató de un error de voto que posteriormente se subsanó aprobando de nuevo el decreto.

Como consecuencia de la decisión de que se debata una semana más tarde el decreto y de la posibilidad de que sea rechazado ante la aparente falta de apoyos del Gobierno, los sindicatos decidieron aplazar de nuevo el inicio de las huelgas, en este caso hasta mañana, viernes.

Estos paros, que se producirán en horas alternas, están previstos también durante la semana posterior, en concreto los días 20, 22 y 24 de marzo.