Es la respuesta que da el Partido Popular a la petición de creación de la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de su partido que registraron esta tarde en la Cámara Baja PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.

El PP pidió que se constituya una comisión de investigación tanto en el Congreso como en el Senado, para asegurarse de que sale adelante si es tumbada por el resto de grupos en la Cámara Baja, dado que tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta.

La petición de esta comisión de investigación para investigar las cuentas de todas las organizaciones políticas contó con el aval de 120 firmas, incluidas las del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y el secretario general del grupo parlamentario, José Antonio Bermúdez de Castro, que fueron quienes escenificaron esta decisión.

Esta misma petición se registró en el Senado donde, según el Reglamento de la Cámara, hace falta el apoyo de 25 senadores de dos grupos parlamentarios. Fuentes del PP precisaron que el partido de Mariano Rajoy contó con el visto bueno en el Senado de Foro Asturias para tramitar esta solicitud.

“DESENMASCARAR” LA CORRUPCIÓN

En la exposición de motivos de esta comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos, el Partido Popular alude al “riesgo” que supone la “falta de confianza en la política” por parte de los ciudadanos, algo que los partidos tienen que responder, según indica el texto, con “ejemplaridad”.

Agrega que, “cumpliendo el objetivo del Gobierno de ser implacables contra la corrupción”, existen hoy en día “nuevos instrumentos legales y penales que han permitido a la Administración de Justicia sacar a la luz y desenmascarar numerosos casos que hoy en día se están investigando o enjuiciando”.

Asimismo, en respuesta a la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP presentada esta tarde por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, los populares subrayan que “ningún partido puede presumir de infalibilidad o enarbolar una superior autoridad moral sobre los otros”.

Esta comisión estará compuesta, de salir adelante en el Congreso, por tres representantes del grupo parlamentario que tenga más de cien diputados; dos representantes de cada grupo de más de cincuenta parlamentarios y uno de cada uno de los restantes grupos.

Este órgano deberá concluir sus trabajos en el plazo de tres meses desde su constitución. Después se elevaría al Pleno del Congreso para su debate y votación el correspondiente texto con las conclusiones derivadas del trabajo parlamentario en esta comisión.

Es más, el PP trabaja con la tesis de que su propuesta sea transaccionada con el resto de grupos parlamentarios, alegando que no sería razonable que se opusieran a tramitar esta iniciativa.