Así lo indicaron fuentes ministeriales, que subrayaron que “antes de derogar una ley, debe haber otra. Lo contrario dejaría en la cuneta educativa a 8.100.000 alumnos y a 680.000 profesores”.

Además, recordaron que las comunidades autónomas han dispuesto recursos humanos y materiales para implantar la Lomce y el profesorado se ha estado preparando para los cambios organizativos y curriculares.

También destacaron que la Lomce ha conseguido reducir el abandono escolar al 19%, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y que la Comisión Europea ha alertado de “los riesgos importantes” que tiene España de perder dichos fondos europeos si se deroga.

En cuanto a la exigencia de revertir los recortes, las mismas fuentes señalaron que con los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se recuperó una tasa de reposición del 100% en la oferta de empleo público, las ratios de alumnos por aula volvieron a los máximos anteriores a 2012 y se eliminó la obligación de que pasaran 10 días antes de cubrir las bajas laborales en varios supuestos (alumnado con necesidades educativas especiales, centros con menos de dos líneas educativas, las bajas de maternidad, enrre otros). Se han recuperado además las ayudas para libros de texto y algunos programas territoriales, manifestaron.

Por último, el ministerio rechazó derogar el decreto conocido como '3+2', pues ya existe un acuerdo con los rectores para mantener en cuatro años todos los títulos pre Bolonia, las Ingenierías y los grados biomédicos, y el real decreto de becas, porque “el anterior sistema gastaba más de lo que tenía presupuestado”.

También indicaron que trabaja junto al Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas para conseguir una amplia oferta de empleo en 2017, y rechazó que los trabajos de la subcomisión para el Pacto de Estado se traduzcan "en simples cambios cosméticos”. “Habrá 82 comparecencias durante seis meses, y de ahí saldrá un documento consensuado” que servirá de base a una nueva ley educativa, concluyeron.