La también ministra da la Presidencia y para las Administraciones Territoriales hizo estas declaraciones en los pasillos del Senado, el mismo día que el Parlament dio luz verde a la reforma exprés de su Reglamento con el fin de agilizar la tramitación de las denominadas ‘leyes de desconexión’.

“Creo que los partidos de la Generalitat han entrado en una dinámica absolutamente incomprensible”, espetó, al tiempo que constató que “cuanto menos apoyos tienen, más desean acelerar un proceso negando un debate en el Parlamento de una situación de tantísima envergadura”.

A su juicio, los independentistas “han pasado de no atender al Congreso, al Senado, al Tribunal Constitucional y a todas las autoridades europeas” a ignorar también a su propio Consejo de Garantías Estatutarias, que ve inconstitucional la disposición de los Presupuestos de la Generalitat para 2017 dedicada al referéndum.

Por ello, adujo que “la legitimización de todo este proceso brilla por su ausencia y cada vez es más controvertido y más criticado por el conjunto de las instituciones”. “Llamo a la reflexión, no van a ningún sitio por mucho que corran y el problema es que están corriendo y dejando los problemas de los catalanes detrás”, arguyó.

“NECESIDADES” DE LOS CATALANES

Subrayó que el Gobierno tiene un diálogo abierto con la sociedad catalana, dado que hay “muchas necesidades que los catalanes nos piden que atendamos”. “Una cosa es la Generalitat y otra distinta es que los catalanes necesitan que el Gobierno de España esté presente, haga proyectos, siga trabajando por mejorar los servicios públicos, por la inversión en infraestructuras y por la creación de empleo”, sintetizó.

“La Generalitat puede lanzarse por estos precipicios, pero el Gobierno de España va a anclar a la sociedad catalana en el progreso, la moderación, la centralidad y en la estabilidad”, señaló la ‘número dos’ del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Preguntada por si el Gobierno piensa recurrir el paso que se ha dado hoy en el Parlament, respondió que ya se ha dado una “respuesta política y también una respuesta jurídica a los desafíos que está planteando la Generalitat”.