La iniciativa fue presentada en rueda de prensa por el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, en el contexto de una nueva negociación entre el PP y el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional, un "intercambio de cromos" que, en su opinión, ignora el estado de opinión del país en el que viven.

En la exposición de motivos, Ciudadanos denuncia que la designación parlamentaria de los magistrados, "diseñada para ser transparente y meritocrática, ha venido confundiéndose con una designación partidista, opaca y sometida, no únicamente a la trayectoria profesional (como debiera ser), sino, especialmente, a la afinidad ideológica del candidato, cuando no a su pertenencia efectiva al partido proponente".

Además de una "perversión" del modelo constitucional, Ciudadanos considera que ese reparto es una "irresponsabilidad", ya que implica un "debilitamiento del prestigio de un tribunal cuya principal herramienta de trabajo debe ser el respeto y la consideración que alcancen sus resoluciones, como último decisor de los conflictos constitucionales y como último garante de la Constitución".

Su objetivo es reforzar la independencia del Tribunal Constitucional y garantizar la rapidez y la eficacia de sus pronunciamientos, y para ello propone crear un grupo de trabajo con la participación de todos los grupos para que en un plazo de seis meses el Gobierno presente un texto para la reforma "integral" del Tribunal Constitucional.

Esa reforma, dicen, tendría que alcanzar la reforma de la Constitución, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado.

ENDURECER INCOMPATIBILIDADES

La reforma reclama que las propuestas de nombramiento se hagan conforme a una "verdadera y eficaz evaluación de la competencia técnica y la idoneidad de los candidatos".

Para ello, sugiere que se publique una convocatoria pública de las vacantes a cubrir; informes públicos de evaluación de las candidaturas presentadas por una comisión técnica independiente; y verdaderas sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado, donde los candidatos deberán someterse al escrutinio de los parlamentarios.

Cs quiere también que se endurezca el sistema de incompatibilidades de los candidatos, de forma que no puedan acudir a esa convocatoria pública "quienes en los últimos años hayan sido cargos electos, miembros del Gobierno o de los gobiernos autonómicos, altos cargos de las Administraciones Públicas, de partidos políticos, de sindicatos y cualesquiera otros organismos que se estimen apropiados".

Además, solo podrían ser propuestos como candidatos "aquellos juristas que posean una reconocida competencia con, al menos, veinticinco años de ejercicio profesional", la edad de jubilación sería a los 75 años y el mandato, de 12 años.

Finalmente, propone "mecanismos eficaces de cumplimiento de los plazos máximos fijados para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los asuntos a resolver y, en particular, prever uno reducido para el caso especial de que estuviesen afectados derechos fundamentales".