La declaración, además de la ONU, la firman la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos.

En ella, expresa "alarma" por los casos en que "las autoridades públicas denigran, intimidan o amenazan a los medios de comunicación, llegando a afirmar, incluso, que éstos son 'la oposición' o que 'mienten' y esconden una agenda política, en clara alusión al presidente estadounidense Donald Trump.

Estas acciones “aumentan el riesgo de amenazas y violencia contra los periodistas, socavan la confianza pública en el periodismo como actor de vigilancia de la sociedad y pueden confundir al público empañando la línea entre la desinformación y los productos de los medios que contienen hechos verificables de forma independiente”, apunta el documento.

Según estos organismos, el término “noticias falsas” se ha convertido en "un tema de preocupación mundial, debido a que puede conducir a la censura, la supresión del pensamiento crítico y a otras contravenciones de las leyes de derechos humanos".

La declaración considera inquietante que la desinformación y propaganda se implementen para confundir a la población e interferir en su derecho a recibir información variada y a formarse su propia opinión.

El texto identifica los principios generales y los estándares de derechos humanos aplicables al ejercicio del periodismo, alienta la pluralidad de los medios y enfatiza el papel y responsabilidades de los Estados, los periodistas y los medios de comunicación.