Ordóñez se pronunció así durante la inauguración de la I Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad que ha organizado la Fundación Cermi Mujeres en el Congreso de los Diputados, dentro del bloque dedicado a la ‘Consideración de las mujeres y niñas con discapacidad en los políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres’.

“Hay un sector de la población que no solo sufre violencia, sino que sufre doble discriminación por tener discapacidad”, señaló la delegada del Gobierno, quien agregó que, “si eres una mujer rural con discapacidad tienes tres factores de discriminación”.

En este sentido, manifestó su deseo de que “con responsabilidad de todas las organizaciones implicadas y con la colaboración del Gobierno sigamos adelante avanzando en un mundo en el que no haya violencia porque "hay salida a la violencia de género".

Ordóñez informó de que las estadísticas de víctimas de violencia de género recogen desde el año 2012 si la mujer asesinada tenía discapacidad o no y detalló que en el año 2012, de las 52 mujeres muertas por esta lacra, siete tenían discapacidad, lo que supuso un 13% del total de víctimas.

Dentro de estas jornadas también se ha celebrado una mesa redonda sobre las ‘Buenas prácticas autonómicas sobre la atención a las mujeres y niñas con discapacidad en materia de violencia contra las mujeres’ en donde hablaron la presidenta del Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer, Natalia Salvo, y la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, María Ángeles Sepúlveda, que señalaron la necesidad de abordar en todos los ejes de opresión donde puede converger la violencia e incluir la interseccionalidad.

PROTOCOLO COMÚN

Tras finalizar la mesa redonda, la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y Patrona de la Fundación Cermi Mujeres, Concepción Díaz, reivindicó que es ”fundamental” hacer una revisión de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, “con el objetivo de que las mujeres con discapacidad tengamos un área específica”.

Por último, pidió también “un protocolo común y compartido con todas las comunidades autónomas y a nivel estatal para que cualquier mujer con discapacidad, viva en el territorio en el que viva tenga una atención eficaz”.