El presidente de la organización, Ignacio Arsuaga, manifestó en una rueda de prensa, después de que un juzgado de Madrid ordenara la inmovilización del ‘bus que no miente’, que su asociación va a presentar un recurso de reposición ante este auto judicial y otro de apelación para que instancias superiores salvaguarden su “derecho a la libertad de expresión”.

Además, avanzó que presentarán una querella contra todas aquellas personas, políticos o no, que han proferido insultos, injurias y calumnias contra su organización durante los últimos días.

La denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid se fundamentará en la "retención" del autobús durante más de 24 horas. Según afirmó, no se les informó de los motivos de la inmovilización ni se les presentó orden judicial alguna.

En cualquier caso, Arsuaga anunció que continuarán con la campaña aunque para ello tengan que tapar los mensajes que ha generado la polémica y sustituirlos por otros e incluso adelantó que se unirá otro vehículo al autobús. Asimismo, indicó que convocarán manifestaciones en Madrid.

Arsuaga dijo que "en España, una mayoría social sufre el apartheid de lo políticamente correcto y la inquisición gay" en un sistema "diseñado por el establishment para discriminar a los disidentes, a nosotros, para hacernos callar".

"En España, a los miembros del establishment, como Rita Maestre, se les permite decir ‘vamos a quemar la Conferencia Episcopal’ y los jueces amparan su derecho a la libertad de expresión, mientras que a los disidentes, a los ciudadanos de segunda, se nos prohíbe decir ‘los niños tienen pene’".