Tras detallar algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo con el presupuesto de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, dijo que para el ejercicio 2017 asciende a 40,69 millones de euros. González Taboada señaló que el mayor incremento, de un 150%, tiene como objetivo hacer frente a uno los nuevos problemas que se le plantean al ganadero como es la reaparición del lobo en la Comunidad de Madrid.

De esta forma, indicó, los 150.000 euros presupuestados para 2017 harán posible pagar las ayudas por los daños que este animal pueda ocasionar al ganado pero también poner en marcha nuevas medidas como, por ejemplo, la habilitación de majadas en las zonas de montaña, la instalación de cercados eléctricos y la tenencia de perros mastines que puedan colaborar a proteger el ganado.

El presupuesto para esta Dirección General de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio hará posible también compensar el alto coste de los seguros agrarios gracias a una partida de 1.080.000 euros que permitirá en algunos casos financiar hasta un 30% de estas pólizas. Además, añadió, el Gobierno regional seguirá promocionando los productos agroalimentarios del campo madrileño.

"Este es uno de los objetivos en los que se ha volcado la consejería y, como ha manifestado el consejero, la partida de 200.000 euros presupuestada en este ejercicio permitirá seguir dando a conocer la excelente calidad de los productos autóctonos a través de ferias y mercados nacionales e internacionales donde poder articular nuevos canales de comercialización", manifestó.

Asimismo, declaró, en relación a la Ley de Protección de Animales de Compañía y su reciente entrada en vigor, que la intención de la Comunidad de Madrid es “garantizar el sacrificio cero”. Para ello, agregó, se pondrá a disposición de los municipios de más de 5.000 habitantes y de las entidades dedicadas a la protección y defensa de los animales ayudas por valor de 1.100.000 euros. Finalmente, apuntó que esta línea de subvenciones facilitará la adaptación de las instalaciones municipales a los requisitos que recoge la nueva ley.