La fiscal encargada del caso, Carmen Monfort, pide para él siete años de cárcel y una multa de 18.000 euros al afirmar que su establecimiento servía de centro de operaciones para la “kale borroka” de la capital alavesa.

La representante del Ministerio Público asegura en su escrito de calificación que el bar de Gómez Garcia estaba “al servicio de ETA” ya que servía para la formación de grupos de “kale borroka” y de “refugio y ocultación de prendas y de materiales utilizados en los actos de sabotaje”.

Además, el local, situado en la calle Cuchillería de Vitoria, “era utilizado como centro de reparto de propaganda de SEGI”, la organización ilegal considerada la cantera de ETA, con el objetivo de “ejercer el proselitismo entre los jóvenes y difundir consignas” del entorno pro etarra.

También se dedicaba a la financiación de SEGI a través de la venta de todo tipo de parafernalia del entorno por etarra, de sorteos y de colectas mediante las famosas huchas.

El establecimiento fue registrado el 15 de abril de 2009 por orden del juez Santiago Pedraz después de la detención en Francia de la etarra Itxaso Legorburu Madinabeitia, quien aparecía como una de las responsables del bar.

En su interior se encontraron numerosos objetos, como camisetas, mecheros, pegatinas

cartelería, pins o propaganda de ETA, SEGI y de su antecesora Jarrai. También se halló un total de 9.707 euros en las huchas y sobres destinados a la organización juvenil pro etarra así como sudaderas con capucha, guantes de látex y caretas supuestamente utilizadas para perpetrar acciones de violencia callejera.

El Tribunal Supremo declaró terrorista a la organización juvenil Segi el 19 de enero de 2007, al considerarla seguidora de las también ilegalizadas Haika y Jarrai.