En su intervención final se mostró convencido de que “las autoridades catalanas van a convertir este año esta decisión de promover el derecho a decidir en la celebración de un referéndum”, y lo van a hacer en cumplimiento de un “mandato contrastadísimo en las urnas”.

Homs aseguró al tribunal que “tomen la decisión que tomen ustedes, sepan que para nada modificarán mi conducta desde el punto de vista de promover el derecho a decidir de Cataluña. Y no lo digo para quedar bien, sino para constatar una actitud que no es solo la mía; no se pueden imaginar a cuánta gente representa".

En su discurso ante el tribunal, insistió en la mezcla de “derecho y política” que se está produciendo en este proceso y dijo que va a ser “un reto” para los magistrados, porque lo que decidan “generará jurisprudencia".

PULSO AL ESTADO

El fiscal Jaime Moreno se ratificó previamente en su petición de nueve años de inhabilitación para el exconsejero de Presidencia de la Generalitat y actual diputado por prevaricación y desobediencia en la organización del 9-N. La consulta, dijo en sus conclusiones, fue “un desafío a la legalidad, un pulso al Estado de Derecho”.

"La democracia no es sino la sumisión de todos los poderes, y especialmente de los poderes públicos, a la ley", afirmó el representante del ministerio público, quien reiteró que todo el proceso fue “un pulso al Estado de Derecho, un desafío a la legalidad por pate del Gobierno de una comunidad autónoma que decidió que desoía el mandato del Tribunal Constitucional. Eso es lo que se está enjuiciando".

En su alegato final, Homs recordó este argumento de la Fiscalía y dijo para rebatirlo: "El fiscal ha dicho pulso al Estado que hicimos. Yo les digo que si poner las urnas, si organizar un proceso participativo es hacer un pulso al Estado, yo no quiero ser de este Estado".

El fiscal argumentó que el recurso de aclaración presentado por la Generalitat contra la providencia del TC es un reconocimiento expreso de que el Gobierno catalán sabía el alcance de la suspensión. "Ahora nos dicen que la providencia no impedía nada. Pero en el recurso se admitía que o se revoca la providencia o no se podrá celebrar. Lo dicen ellos mismos", destacó el fiscal.

Sobre la participación de los voluntarios en la organización y celebración del proceso participativo, el ministerio público insistió en que "cuando los voluntarios llegan a las mesas ya estaba allí todo. Ya estaban los ordenadores. Los programas se instalan cuando ya estaba la providencia. ¿No les sorprende que el propio contratista T-System sea el que alude a la posible ilegalidad?".