En total, se han modificado dieciséis Reales Decretos en el ámbito de la seguridad industrial y se han derogado un Real Decreto y cuatro órdenes ministeriales.

Estos cambios eliminan barreras y obstáculos jurídicos y administrativos que frenan el desarrollo de las actividades de servicios entre Estados miembros, y simplifican los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo las cargas administrativas a los prestadores de servicios, lo que se traduce, según el Ejecutivo, en un ahorro económico por parte de las empresas prestadoras al dedicar menos recursos en trámites administrativos previos al inicio de la actividad.

Asimismo, se suprimen 69 requisitos administrativos que debían cumplir los prestadores de servicios, entre ellos la obligación de que los proyectos fueran visados por un Colegio Oficial.

Asimismo, con carácter general queda suprimido el régimen de obtención del certificado individual de cualificación profesional o carné profesional y se sustituye por la obligación de poseer los conocimientos requeridos que se deberán poder acreditar, según el caso, con una titulación, formación, experiencia profesional o examen de conocimientos en la materia.