Así lo recoge la institución en su Informe Anual 2016, en el que apunta que los ciudadanos encuentran “dificultades” para hacer frente al pago de los impuestos y se quejan de la “poca flexibilidad” de la Agencia Tributaria en el plazo de fraccionamiento de pago.

En concreto, señala que el “lenguaje y la redacción” utilizados en los escritos de la Agencia Tributaria “han sido objeto de queja constante”, ya que los ciudadanos “no comprenden el contenido, lo que dificulta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el ejercicio de su derecho de defensa”.

Desde el organismo que lidera Soledad Becerril se ha pedido a la AEAT que emplee un lenguaje “menos oscuro y más accesible, y que se evite el uso de modelos estandarizados que no tienen en cuenta las circunstancias concretas de sus destinatarios”.

En este sentido, se ha recomendado a la Agencia que tome medidas que garanticen que todas las comunicaciones tributarias sean “comprensibles” para sus destinatarios y garanticen su seguridad jurídica y su posibilidad de defensa.

Por otra parte, se ha pedido al organismo la modificación de los criterios de concesión de los aplazamientos o fraccionamientos de pago, de tal forma que se “flexibilicen” los plazos para facilitar el pago de las deudas tributarias.

CAMPAÑA DE L A RENTA 2015

En el informe también se hace referencia a la presentación de la Declaración de IRPF del ejercicio 2015 y a la “complejidad” del nuevo sistema ‘Renta web’.

Más allá, explica, de los “problemas” surgidos en los primeros días de funcionamiento de la aplicación, el nuevo sistema “dificulta la presentación de la declaración del impuesto para el contribuyente ordinario”.

Desde el Defensor del Pueblo explicaron que antes el contribuyente tenía la posibilidad de comprobar “fácilmente” los datos declarados y proceder a la confirmación del borrador, pero con esta nueva modalidad “se siente desconcertado con su funcionamiento y el hecho de tener que comprobar tantas pantallas provoca inseguridad sobre los datos incluidos”.

Además, subraya que se ha constatado que no se incorporan en el borrador todos los datos fiscales, a pesar de obrar en poder de la Agencia y de tener repercusión fiscal.