En cualquier caso, admitió, la decisión que tomó el Gobierno catalán de entonces, presidido por Artur Mas, fue que el proceso participativo continuara, para lo cual se convocó el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que respaldó la interposición de un recurso ante el Supremo, y se dieron instrucciones para los preparativos de un recurso de súplica ante el Constitucional que “aclarara el alcance de la providencia".

Agregó que el Gobierno no suspendió la consulta “porque no se puede suspender lo que no existe, y ya lo he dicho varias veces, la consulta ya había sido suspendida anteriormente y lo que había entonces era un proceso participativo" con el que se acordó continuar “con plena conciencia de no poder hacer otra cosa, porque estaba en juego el ejercicio de derechos fundamentales como son el de la participación y la libertad ideológica".

Ante estos argumentos, el fiscal preguntó al exjefe de los servicios jurídicos de la Generalitat por qué recurrieron la decisión del Constitucional "si consideraban que no constituía un mandato”. Según Homs, el recurso se planteó "porque era un conflicto de competencias y pensé que el TC podía mediar. Si uno está convencido de que tiene competencias para hacer algo, naturalmente lo tiene que recurrir".

En otro momento de su declaración, Francesc Homs dijo admitir todos los hechos que se le imputan: “Los admito todos, faltaría más. Y más que se han dejado”.

A continuación insistió en que la providencia del TC “era inconcreta”, por lo que se preguntó “por qué siendo público y notorio” que la Generalitat continuaba con sus planes de celebrar un proceso participativo “nadie hizo nada”.