Pérez del Campo señaló como “absolutamente necesario que la ley de 2004 se desarrolle”, ya que hoy en día “no tienen formación los jueces, no tienen formación los fiscales y no tienen información los psicólogos” y “el transcurso del tiempo no hace que surta efecto aquello sobre lo que no se trabaja”.

“Los hombres saben que es muy barato matar a una mujer”, lamentó Pérez del Campo, que detalló que “en este momento tenemos el mayor número de mujeres muertas a día 23 de febrero desde que llevo la estadística en mi organización desde el año 1999”.

Sobre el pacto de Estado, dijo que espera que “se produzca” porque “se van a beneficiar principalmente las mujeres y los niños por la desigualdad de la que parten pero también se beneficiará la sociedad en su conjunto”.

“Con el terrorismo de género tienen que ser tan beligerantes como lo fueron con el terrorismo etarra” espetó a los medios de comunicación, a los que les pidió que informen de manera responsable para ayudar a poner fin a esta lacra social.

DOTACIÓN DE MEDIOS ECONÓMICOS

Por su parte, la presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, Filomena Peláez, hizo hincapié a la entrada de la subcomisión en la importancia de “la dotación de medios humanos y económicos porque si no todo queda en un deseo de que vaya todo muy bien”, ya que “si no nos dan las herramientas que necesitamos, de poco nos va a servir tanto esfuerzo”.

Peláez señaló la necesidad de “modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” que recoge la dispensa de la obligación de declarar que actualmente se contempla para las víctimas de violencia de género y que permite que no declaren contra su agresor, lo que supone “muchas impunidades cuando la víctima se acoge a este derecho”.

“No queremos la supresión de este artículo porque esto supone dejar a la víctima que es nuestra cliente en una encrucijada diabólica que es el falso testimonio por un lado o la desobediencia judicial” explicó Peláez, que aboga por “que el Tribunal Supremo permita que se pueda recurrir a una primera declaración, por si en el juicio oral se acoge a esta dispensa” y evitar así además “la revictimización de la mujer que tiene que declarar una y otra vez y se agota mental y físicamente”.

Por último, también compareció en la subcomisión la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Carmen Vives, que criticó que “estamos en un país que todavía hay colectivos en los que no se hace referencia explícita a ellas en las políticas y tampoco se investiga como son las mujeres gitanas”.