Faconauto señaló dichas prácticas ilícitas investigadas por la Guardia Civil “son totalmente residuales” y aseguró que “se podían haber evitado mediante la exigencia de la titularidad del vehículo a achatarrar durante al menos los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda, como se implantó en la última edición (PIVE 8).

La patronal indicó que las sucesivas ediciones de los Planes PIVE “han permitido renovar y retirar de la circulación 1.183.000 vehículos con una media de 16 años de antigüedad, propiciando una recaudación de 3.398 millones de euros en impuestos (IVA e Impuesto de Matriculación), además de generar 78.340 empleos directos, con un impacto multiplicador total sobre la economía de 10.145 millones de euros.

Además, Faconauto indicó que los beneficiarios de los Planes PIVE “han sido los compradores”, que han percibido del Gobierno un total de 1.115 millones de euros, y otros 1.115 del sector, en ayudas a la adquisición de vehículos eficientes en sus ocho ediciones.

“El concesionario sólo gestionaba la solicitud de la ayuda a nombre del cliente y le adelantaba el importe de la subvención en el momento de la venta del vehículo”, aseguró y añadió que, con posterioridad, “tramitaba ante el gestor del Plan el reembolso de la ayuda previamente adelantada, que cobraba en un plazo medio de dos a cuatro meses”, concluyó.