Así lo afirma Amnistía Internacional en su último informe anual, hecho público este miércoles y en el que añade que muchas de esos prisioneros no habían sido condenadas por ningún acto que el derecho internacional reconociera como delito, sino que habían sido declaradas ‘culpables por asociación’, es decir, por su mera relación con otras personas que el Estado consideraba amenazas.

El informe señala que la población de Corea del Norte “siguió soportando violaciones en casi todos los aspectos de sus derechos humanos” durante 2016 y que fueron detenidas personas tanto norcoreanas como extranjeras por ‘delitos’ no reconocidos internacionalmente como tales.

A lo largo de 2016 llegaron a Corea del Sur un total de 1.414 personas procedentes de Corea del Norte, lo que supone un 11% más con respecto al año anterior y el primer incremento desde que Kim Jong-un asumió el poder en 2011.

Los medios de comunicación surcoreanos y japoneses se hicieron eco de la salida del país no sólo de ciudadanos corrientes, sino también de altos funcionarios del Gobierno, que abandonaron sus puestos y pidieron asilo.

CASI NADIE CON INTERNET

El informe indica que, por mediación de empresas estatales, el Gobierno continuó enviando al menos a 50.000 personas a trabajar en unos 40 países, como Angola, China, Kuwait, Qatar y Rusia, en sectores que iban desde la medicina hasta la construcción, la silvicultura y la hostelería.

Amnistía recalca que estos trabajadores no recibían los sueltos directamente de sus empleadores, sino a través del Gobierno norcoreano, que deducía de ellos “sumas considerables”. Con frecuencia, estas personas tenían que soportar jornadas laborales excesivas y estaban especialmente expuestas a accidentes laborales y a enfermedades relacionadas con el trabajo.

Por otro lado, Amnistía indica que las autoridades norcoreanas siguieron el año pasado reprimiendo severamente el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información sin limitación de fronteras.

El Gobierno restringió el acceso a las fuentes externas de información y dentro del país no existían periódicos, medios de comunicación ni organizaciones de la sociedad civil que fueran independientes. Además, continuaron restringiéndose estrictamente las actividades profesionales de los escasos periodistas extranjeros a los que se permitió entrar en el país.

Tampoco se permitía a casi nadie el acceso a Internet y a servicios internacionales de telefonía móvil, y siguieron siendo muy pocas las personas que podían acceder a la red informática existente, que sólo permitía visitar páginas web nacionales y utilizar servicios de correo electrónico.