Según informó Justicia, el Ministerio y el CGPJ coincidieron en “el compromiso de las administraciones competentes con la provisión de los medios humanos y materiales necesarios para reforzar los juzgados y atender las demandas ciudadanas en un tiempo razonable”.

El departamento que dirige Catalá explicó que la solución adoptada consiste en atribuir, en aplicación del artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a uno o varios juzgados de primera instancia -a nivel provincial- el conocimiento de los asuntos en materia de cláusulas suelo.

Esos juzgados serán dotados con jueces de adscripción territorial o jueces en comisiones de servicio en el número que se precise en cada momento, a fin de no dilatar la actividad ordinaria en la jurisdicción civil.

TAMBIÉN OTROS FUNCIONARIOS

Además, para atender la carga de trabajo suplementaria generada, los órganos judiciales se reforzarán con la dotación necesaria de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los cuerpos generales.

Justicia también informó de que el CGPJ está contemplando la posibilidad de ampliar el ámbito competencial de este tipo de juzgados a otras materias relacionadas con contratos de financiación con garantía hipotecaria. Se daría así respuesta a reclamaciones formuladas no solo en materia de cláusulas suelo, sino también de nulidad de cláusulas de vencimiento anticipado, intereses de demora, gastos del contrato de financiación y multidivisa.