En él, la defensora realiza 17 recomendaciones al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, para mejorar la defensa de los derechos de las 864 víctimas mortales y de los más de 2.500 heridos por el terrorismo etarra.

Este estudio es el resultado del encargo realizado al Defensor del Pueblo por el Congreso de los Diputados en abril de 2015, cuando pidió que analizase la afectación de los derechos humanos de las víctimas de ETA y su situación actual.

El informe está dividido en cuatro apartados. El primero analiza la vulneración de los derechos humanos que han sufrido las víctimas de ETA y recuerda que un elevado número de los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA han quedado sin resolución judicial. Esta realidad, a juicio de la defensora, “agrava la dolorosa situación de los familiares afectados y también de las propias víctimas en el caso de los heridos”.

La defensora también subrayó que actualmente se intenta aplicar el Derecho Penal Internacional a cinco dirigentes de la banda en un caso en el que se juzgan delitos de ETA como delitos de lesa humanidad.

LIBROS DE TEXTO

En el segundo apartado del informe se expone la situación de las víctimas y sus familiares con un repaso de la normativa que les afecta, y el tercer apartado repasa la situación penitenciaria de los autores de los atentados terroristas analizando los derechos de las víctimas en el proceso judicial del terrorista.

En el cuarto capítulo se recogen el relato y el recuerdo de los atentados terrorista de ETA en los libros de texto de 2º de Bachillerato. Para la elaboración de este capítulo se han analizado 14 libros de texto de diferentes editoriales.

Según explicó la defensora a los diputados y senadores, en todos estos libros “se echa de menos la defensa del primero de los derechos humanos, el derecho a la vida. Se echa de menos una reflexión sobre el daño del terrorismo y sobre la situación de las familias y víctimas” y de todos aquellos que tuvieron que abandonar sus hogares.

“Apenas hay mención a las leyes de Solidaridad con las Víctimas (1999), ni de Protección a las Víctimas (septiembre de 2011) y ninguno de los textos analizados incluye un testimonio de una sola víctima, y de lo que para ella o para su familia ha supuesto el atentado”, remarcó Becerril, para quien los libros de texto deben documentar el daño causado por el terrorismo de ETA y dejar claro quiénes fueron las víctimas y quiénes los verdugos.

Durante su intervención, la defensora destacó también la preocupación constante de la institución por las víctimas del terrorismo y aseguró que “siempre hemos estado a su lado”.

Soledad Becerril tuvo palabras de recuerdo para las víctimas de crímenes no resueltos. La Fiscalía, según informó, “ha seguido practicando cuantas actuaciones han sido necesarias para esclarecer los atentados terroristas no resueltos, para impedir la prescripción de los mismos si no lo estuvieran y para conseguir la entrega de los reclamados por tales delitos que no se encuentran a disposición de la justicia”.

La defensora del Pueblo hizo también hincapié en la importancia de la cooperación internacional para luchar contra el terrorismo etarra. Así, se ha dirigido al Ministerio de Exteriores para que traslade el daño causado por el terrorismo a otros Estados como el belga, que en la actualidad no autoriza extradiciones.

También pidió que se impulse la presencia de las víctimas en foros internacionales para que su memoria y el recuerdo de los asesinados no quede en el olvido y para que sea posible la construcción de un relato verdadero. Para contribuir a este relato, el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, con sede en Vitoria, “ha sido una muy buena iniciativa, a la que se debe apoyar con todos los medios posibles, no sólo económicos”, manifestó.

Para conocer la opinión de las víctimas del terrorismo también se convocó a asociaciones y organizaciones representativas. El Defensor también recibió a representantes de la Administración y solicitó informes al Ministerio del Interior y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.