La denuncia, según explica el citado Observatorio, se basa en la comisión de varios delitos contemplados en los artículos 510 1) y 2) del Código Penal, por promover un discurso del odio contra las personas LGBT, además de difundir un escrito cuyo contenido fomenta el odio y la discriminación contra las personas debido a su orientación sexual e identidad de género, tachándolos de “enfermos” y “poco inteligentes”.

En la denuncia se pide que se tome declaración a los denunciados, y se considera un hecho grave, por lo que se piden las penas máximas que establece la ley para este tipo de delitos.

“Desde el Observatorio consideramos esta ‘homilía del odio’ donde se nos tacha poco menos que ‘enfermos y tarados’ una grave injuria y una humillación fomentando un discurso del odio que propugna la exclusión social, la discriminación y injusticia contra las personas LGBTI”, subrayó Paco Ramírez, director del observatorio.

“Es inaudito que la Justicia española archive una y otra vez, todas las denuncias sobre discurso del odio realizada por numerosos miembros de la jerarquía católica basándose en la libertad de expresión y la libertad de religión, cuando ambos derechos deben tener unos límites determinados, sobre todo, cuando ejerciendo esas libertades ataca, acosa, humilla y desprecia a todo un colectivo poblacional como es el colectivo LGBT", enfatizó Ramírez.