La organización se quejó de las exigencias de la Delegación del Gobierno en la región, ya que las empresas que buscan contratar a un empleado extranjero han de demostrar que tienen suficientes medios económicos, una cartera de clientes o potenciales contratos. Unos requisitos que no se exigen para contratar españoles, recuerda la ONG.

Además, manifestó que anteriormente sólo con el certificado de empadronamiento continuado o con los justificantes de envío de dinero se podía demostrar la estancia. Así, consideró que la limitación de pruebas documentales vulnera la ley del procedimiento administrativo.

También destacó que la Delegación del Gobierno de Madrid ha reducido el plazo de caducidad de los certificados de antecedentes penales de 6 a 3 meses y reivindicaron las complicaciones de las empleadas domésticas, que ven cómo sus contratos son rechazados.

Por ello, SOS Racismo Madrid se mostró en contra de que la Delegación del Gobierno ejerza funciones legislativas que, a su parecer, no le corresponden.