La norma reglamentaria, aprobada en diciembre de 2014, fue propuesta por el Cermi a través del Consejo Nacional de la Discapacidad y asumida por el Gobierno, que hizo suya la demanda social y la aprobó como regulación básica para todo el territorio nacional.

Según informó el Cermi en una nota, con esta regulación estatal se pretendía establecer unas condiciones básicas en la emisión y uso de las tarjetas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida en toda España, "cuestión que hasta ese momento estaba desperdigada en distintas normativas autonómicas, que impedían la igualdad y la libre movilidad de las personas con discapacidad".

El real decreto fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno vasco, al entender que invadía competencias autonómicas, pero la sentencia conocida ayer considera que la norma reglamentaria es adecuada y que salvo aspectos menores respeta plenamente el orden constitucional de distribución de competencias, reconociendo al Estado un espacio para regular condiciones básicas que aseguren la igualdad de los españoles.