El portavoz socialista de Justicia en la Cámara, Juan Carlos Campo, se encargó de defender la iniciativa con la que pretenden “impedir que puedan acogerse a la misma los condenados por delitos de corrupción o violencia de género”. Una iniciativa para reformar la ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. A su juicio, se trata de una manifestación de “tolerancia cero contra la corrupción y la violencia de género” y un “rechazo total a tales comportamientos”.

Entre las medidas que exponen en la proposición, según explicó Campo, se establece la obligatoriedad de explicar la “motivación”, a juicio del Gobierno, por la que se concede el indulto y, por tanto, su “justificación” debe aparecer incluso en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, el diputado socialista indicó que esta medida de gracia debe “contar con el parecer favorable del juez o tribunal condenador”.

El Partido Popular se sumó a esta iniciativa y apostó por la tramitación de esta reforma pese a que indicó que no hay “alarma social” sobre indultos del Gobierno que “justifique” la iniciativa del PSOE y el momento elegido.

El diputados popular Arturo Garcia-Tizón destacó que los indultos en los años de Gobierno de Rajoy están “muy alejados” del número de los años de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo. Enumeró que en 2016 se aceptaron el 0,16 % de los indultos solicitados, el 1,27% en 2015, el 1,05% en 2014 frente al 7,85% de 2009 y el 6,41% de 2010.

Además, subrayó que en 2014,2015 y 2016 se han rechazado “todas” las solicitudes encuadrables en las categorías de corrupción y violencia de género, de la propuesta del PSOE

Por ello, para el diputado popular se trata de una “oportunidad política” pero que se puede aprovecha para “profundizar en esta motivación y los acuerdos de concesión” porque lo que aceptan la tramitación para abordar esta ley “incompleta, escasa, que requiere de modificaciones más en profundidad de lo que propone el PSOE”.

El diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos señaló que el indulto no es problema sino el “uso” que se hace y de ahí los “casos escandalosos”. A su juicio, estas situaciones desmotivan a jueces y fiscales, a los que les “cuesta tanto” perseguir delitos de corrupción política. Manifestó que pese a secundar la iniciativa del PSOE no les “satisface” porque sólo busca el “titular” y es “demagógico” porque no aborda en profundidad el asunto.

El vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, se encargó de defender la posición de Ciudadanos y abogó por la regulación del indulto en virtud de la “defensa del principios de igualdad ante la ley” y para que “los corruptos no tengan la sensación de un lugar donde esconderse”.

Desde ERC, su portavoz, Joan Tardá exigió “transparencia” en la concesión de indultos y apuesta por que el Gobierno comparezca en la Comisión de Justicia del Congreso para “informar” sobre los indultos que apruebe. “No queremos indultos para los chorizos y para los corruptos”.

Por su parte, desde el PNV, Mikel Legarda recordó que el indulto no es un derecho del penado sino una medida de gracia y apostó por regular su concesión. A su juicio, no es “suficiente” que el Gobierno dé información a la Cámara sólo cada seis meses sino que “debe constreñirse más y que la concesión de determinados indultos” pasen por un “debate parlamentario previo”.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca criticó que el PSOE no apostara por cambiar la ley antes lo que “induce a pensar que en tiempos socialistas servía la ley, tal cual, y ahora con Rajoy hay que cambiarla”. Es “oportunismo”, reprochó.

El diputado de Compromís Joan Baldoví dijo que “urge una reforma legal” e hizo un repaso de indultos polémicos como el del banquero Alfredo Sáez, por parte del PSOE; o el del conductor ‘kamikaze’ en tiempos de Rajoy.

Se atrevió a lanzar a la Cámara la “apuesta” de que el “próximo indultado” será el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, imputado por la salida a bolsa de Bankia. “Ya verán como gano la apuesta”, retó el diputado valenciano.

La diputada de PDECat Lourdes Ciuró i Buldó abogó esta reforma porque el indulto va aparejado a la “arbitrariedad” y supone la “injerencia” del poder Ejecutivo en decisiones del Judicial, “por lo que conviene que se regule” pero no con “parches sino con una ley”.