Melero se pronunciaba así en contra de las tesis de la Fiscalía, a la que recordó que obró un cambio de criterio. Recordó que la Junta de Fiscales de Cataluña sostenía que no había delito durante la jornada del 9-N y sólo después se decidió la presentación de una querella.

“Ese cambio”, dijo el letrado, “no fue pacífico, no fue una cosa amable, y acabó provocando la dimisión del fiscal general del Estado. Estamos hablando de una cosa muy triste”.

El defensor respondía así al alegato realizado por el fiscal Emilio Sánchez Ulled, en el que negó que éste sea un juicio a la democracia y reivindicó la independencia del ministerio público. “La Fiscalía no depende del Gobierno, no hemos recibido ninguna indicación que viniera de allí, se lo crean o no se lo crean. Me veo obligado a decir que no, porque yo no lo habría consentido”, aseveró el fiscal en sus conclusiones, en las que hizo valoraciones sobre el funcionamiento de la democracia con pocos precedentes en los tribunales.

Sánchez Ulled insistió en reivindicar este juicio como una defensa del sistema democrático: “Este juicio también es democracia”, dijo antes de pedir que no se tomara su intervención en la vista como “un ataque ideológico, lo estaría diciendo si los colores políticos fueran otros. Lo dramático de este asunto es que es un torpedo de flotación al sistema democrático”, de modo que el ministerio público perseguiría también al Gobierno central si incumpliera “una medida cautelar del Tribunal Constitucional”.

En sus conclusiones, Melero reconoció a Mas como “impulsor político del 9-N” y admitió que no dio ninguna orden de paralizar el apoyo estructural a los voluntarios. "No se pusieron en marcha actos impeditivos", aunque todo residía en la libre decisión de los voluntarios, insistió.

Además, recordó que los días previos y posteriores a la votación se produjeron declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que ambos "menospreciaron" el proceso participativo y "dijeron que la consulta no significaba nada".

Pese a ello, explicó, el expresidente catalán pidió “aclaraciones sobre el alcance de la suspensión, e inhibió radicalmente la intervención de los funcionarios públicos en la organización de la consulta". Pero además, denunció, el “TC no utilizó ninguno de los mecanismos a su alcance para dar eficacia a sus resoluciones” y “no se puede desobedecer lo que no se ha requerido”.