Homs hizo esta recomendación en su calidad de consejero de Presidencia y jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat. Bajo su punto de vista, apoyado en el análisis de los servicios jurídicos del Ejecutivo, la consulta, que no tendría ya carácter refrendario, no chocaba con la legalidad. “No estábamos cometiendo ninguna ilegalidad ni acción que pudiera ser castigada en el ámbito penal”, aseguró.

Además, recomendó la presentación de un recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional que sirviera de aclaración a la resolución del TC, que, según la Generalitat, “era inconcreta y nos situaba en la posición absurda de no hacer absolutamente nada de nada y eso era imposible por las circunstancias del momento”, agregó.

Homs indicó que el “silencio” del Constitucional ante la petición de aclaración formulada por el Generalitat no contribuyó a deslindar la legalidad de la iniciativa y destacó que el posterior escrito de los fiscales catalanes que consideraban que no hubo delito en la actuación del Gobierno le acabó de convencer de que “no estábamos incurriendo en ningún tipo penal”.

El exconsejero de Presidencia fue el primero de los testigos con responsabilidades políticas en declarar durante la tercera jornada del juicio contra Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. En sus primeras respuestas destacó que conocía el "desprecio" del Gobierno central por la consulta propuesta por Mas antes del veto del Constitucional.