“Es una norma necesaria para la calidad asistencial, la igualdad y la dignidad”, dijo la secretaria adjunta del grupo, Mª Sol Pérez Domínguez. La ley tiene por objetivo “ofrecer una garantía de calidad asistencial y de igualdad en el derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país a una atención sanitaria de calidad que asegure la dignidad en algunos procesos patológicos que llevan a un final de la vida con dolor y en unas circunstancias que se puedan aliviar aplicando terapias existentes que cuentan ya con el aval científico y ético de la comunidad médica”, manifestó en declaraciones a los periodistas.

“También asegurar el derecho a morir en la intimidad con garantías para ellos y sus familiares, y por supuesto dotar de la suficiente y necesaria seguridad jurídica a los profesionales y a las administraciones públicas”, añadió Pérez Domínguez tras registrar esta iniciativa junto al secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, y los portavoces de Sanidad en el Congreso y el Senado Jesús Mª Fernández y José Martínez Olmos, y la portavoz de Consumo, Begoña Tundidor.

El portavoz de Sanidad en el Congreso destacó que “esta ley es hoy necesaria en España porque avanza derechos que no están reconocidos para todos los españoles y españolas”. “Es un paso importante y decidido para garantizar una muerte digna en España”.

En este sentido, explicó que “la ley recoge un apartado de derechos de las personas, fundamentalmente el derecho a información, a la autodeterminación y al derecho a la toma de decisiones autónomas y al derecho a la atención sanitaria de calidad, que incluye un acceso universal a cuidados paliativos integrales, y el derecho a la sedación paliativa y a la ponderación terapéutica, que no haya un ensañamiento terapéutico, que las medidas que se toman en el final de la vida de soporte vital sean ponderadas y respeten las decisiones tomadas por la persona”.

Así como “un segundo capítulo de derechos de las personas tiene que ver con la dignidad, con la intimidad personal y familiar, estar acompañado por familiares y allegados, derecho a elegir el domicilio y derecho al despido”, añadió, resumiendo que “el tercer título de la ley se refiere a las obligaciones de las administraciones sanitarias”.

Preguntada por la regulación de la eutanasia, Pérez Domínguez apeló a la necesidad de “rigor y sosiego para el debate de la eutanasia”. “Primero hay que dar este paso, asegurar en este país una ley básica como esta”, dijo defendiendo la proposición de ley socialista, convencida de que “aquí ya hay un consenso asegurado en esta legislatura”. “No nos negamos a abrir ningún debate, pero consideramos que es necesario un debate sosegado y tranquilo sobre la eutanasia”, reiteró.