Según la Ley de Desindexación, en vigor desde abril de 2015, los precios públicos, como los derivados de contratos de servicios con la Administración, no se actualizan automáticamente con el IPC, sino que la subida se hace de acuerdo con el incremento de los costes del servicio.

En un comunicado, el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, lamentó que, con este nuevo desarrollo, la normativa "siga sin amparar la revisión de costes en los contratos plurianuales de servicios con las administraciones públicas".

En este sentido, explicó que la Ley de Desindexación "limita los costes de la mano de obra y sólo permite incrementar el precio de los contratos en la misma medida que lo hagan las retribuciones de los trabajadores públicos".

"La Ley se olvida una vez más de la negociación colectiva y de lo dispuesto en los convenios del sector y cambia aspectos del proyecto de Ley de Contratación Pública, actualmente en trámite en el Congreso", concluyó.