Así lo aseguró la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, quien reiteró que toda la comunidad educativa ha colaborado en la redacción de este texto que recoge “los resultados de una década creando escuela” y subrayó que el Gobierno regional confía en que ese consenso se traslade a las Cortes “porque no hay nada más importante que la educación de los jóvenes”.

En este sentido, indicó que la Ley de Educación de Castilla-La Mancha no pretende modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE), sino desarrollarla incluyendo las competencias asumidas por la región y destacó que se trata de una ley cargada de derechos que antes eran intenciones políticas y ahora serán garantías.

Asimismo calificó de “flexible y adaptable a los cambios” el texto que se fija también en los compromisos europeos de más calidad y eficacia del sistema educativo con el horizonte puesto en 2020 y recordó que la reserva presupuestaria de al menos el 6% del PIB regional a educación es un compromiso de legislatura que no existe en ninguna otra comunidad y que "ahora, además, se garantizará por ley".

Rodríguez concluyó señalando que con esta normativa se avanzará en mejorar la calidad de los servicios educativos, mejorará el rendimiento escolar y se buscará el éxito de los alumnos más allá de la enseñanza obligatoria, que será gratuita, con especial atención también a la reducción del abandono escolar, potenciando también el reconocimiento social del profesorado.