El CJE hizo hincapié en que en España “hay muchas niñas en riesgo” de sufrir mutilación genital femenina, como el caso de “hijas de migrantes procedentes de países, donde esta práctica se concibe aún como un ritual de pureza por el que las niñas tienen que pasar” y alertó de que al estar prohibido realizar la mutilación dentro del ámbito sanitario, este acto se lleva a cabo “en la clandestinidad y en condiciones de alto riesgo para la salud de las menores”.

Según el último Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España, realizado por la Fundación Wassu-UAB en 2012, en España residen más de 200.000 habitantes provenientes de países en los que se practica la MGF y cerca de 17.000 niñas y jóvenes están en riesgo de sufrir ablación en España.

Para el consejo, educación, información y sensibilización son “las herramientas más eficaces para combatir la MGF dentro y fuera de nuestras fronteras” y pidió a las instituciones que “impulsen políticas sociales, en especial en el ámbito de la salud, formando al personal sanitario para que reconozca los casos de MGF y pueda asesorar y tratar adecuadamente a las pacientes que hayan sufrido esta práctica”.

Por último, el CJE manifestó que supuso “un gran avance” la resolución del Parlamento de la Unión Africana aprobada en 2016 que “prohíbe la mutilación genital femenina en todo el continente”, a pesar de que “este organismo no puede legislar porque sólo tiene carácter consultivo”.