Según explicó tras escuchar a las defensas en las cuestiones previas, la testifical de ambos miembros del Ejecutivo central “no aporta nada respecto a los hechos que se analizan en este caso. Estamos hablando de hechos muy concretos, determinados y objetivos y de si son o no constitutivos de delito”, indicó.

El ministerio público también se ha opuesto a que se acepte como prueba el informe de la Fiscalía del TSJCat que descartaba la comisión de un delito por la convocatoria de la consutla soberanista del 9-N tras las prohibición expresa del Tribunal Constitucional, alegando que se está vulnerando el derecho de defensa.

Según el fiscal Sánchez Ulled, no existe tal vulneración puesto que la Fiscalía se rige por criterios de unidad de acción y jerarquía. Además, dijo, ese informe “no aporta nada respecto a los hechos y es posterior” a los acontecimientos que se juzgan en este juicio, por lo que no puede tener influencia sobre ellos.

El juicio contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau ha dado comienzo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) con el análisis de las cuestiones previas. El tribunal ha decretado un receso para tomar una decisión en relación a las testificales y pruebas nuevas solicitadas por las defensas.

Inmediatamente después dará comienzo el interrogatorio a los acusados, con el expresidente de la Generalitat Artur Mas en primer lugar. A continuación está previsto que declare la exvicepresidenta del Ejecutivo catalán Joana Ortega, y después la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.

Todos ellos están acusados de desobediencia y prevaricación por celebrar la consulta independentista del 9-N pese a su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC).

Mas se enfrenta a partir de este lunes a 10 años de inhabilitación en un proceso en el que se dirimirá si incurrió en prevaricación y desobediencia grave al organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 tras la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Junto a él también son juzgadas las exconsejeras de su Gobierno Joana Ortega e Irene Rigau, para las que el fiscal pide nueve años de inhabilitación.