Según informó USCA, tras la vista la Audiencia ha dejado visto para sentencia este contencioso promovido por los controladores contra esta normativa que regula su actividad laboral, que entró en vigor el pasado 15 de abril.

Esta norma, que da continuidad al Real Decreto Ley 1/2010 de 5 de febrero, es inconstitucional, según el sindicato de controladores, por “vulnerar el contenido esencial del derecho fundamental a la libertad sindical y el de negociación colectiva”.

Junto con la demanda, USCA ha presentado un dictamen del catedrático Luis Enrique de la Villa que considera, como primera conclusión, que el Tribunal Constitucional debe impedir la utilización del decreto ley con el propósito de eludir el control parlamentario de las leyes o reducir o eliminar las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Según los controladores, la situación no respondía a una extraordinaria y urgente necesidad, sino a una situación conocida desde varios años antes de su dictado, perfectamente corregible a través del cauce de la legislación parlamentaria.