JpD reclama paridad en los cargos representativos de la judicatura, para que se aplique la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad. “Pero diez años después de la aprobación de dicha ley y transcurridas casi cuatro décadas desde la constitución del Tribunal Constitucional, éste principio es desconocido e inaplicado en muchos ámbitos de la máxima responsabilidad política y especialmente jurídica”.

Para la asociación, se hace “difícil comprender” el escaso número de mujeres propuestas por los distintos parlamentos autonómicos para integrar las plazas de miembros del Tribunal Constitucional, pues los próximos años “deberá responder a importantes retos en complejos asuntos que atañen a valores y principios cuestionados en su aplicación al cuerpo de las mujeres y en orden a su dignidad como personas”. Además, recuerda que los componentes del Constitucional proceden de cuerpos judiciales y universitarios, “que cuentan con una destacada presencia de mujeres como magistradas y catedráticas”.

Según la asociación, resulta “especialmente grave” que se desconozca la importancia del respeto al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos públicos, “por cuanto es el órgano que tiene la última palabra en cuestiones de igualdad, tanto en materia de tutela última frente a las discriminaciones que todavía sufren las mujeres, como al interpretar la constitucionalidad de las normas jurídicas que dictan el resto de poderes públicos del Estado y las comunidades autónomas”.