En el escrito, la defensa de Homs comienza recordando que la consulta del 9-N, inicialmente convocada en cumplimiento de la Ley de Consultas de la Generalitat, fue suspendida tras la prohibición del Tribunal Constitucional y convertida en un proceso de participación ciudadana, que es de "una naturaleza jurídica radicalmente diferente", hasta el punto de que sectores soberanistas acusaron al Gobierno catalán de "claudicación" y el Ejecutivo español lo restó toda importancia.

Seguidamente, sostiene que Homs realizó las tareas preparatorias de la votación sin ocultarse antes del 4 de noviembre, cuando el TC suspendió también el proceso participativo, y que, después de esta fecha, cuando la Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitó el 17 de noviembre una aclaración de quién era responsable de la realización de la consulta, el Constitucional no se pronunció.

El recurso asegura que Homs tenía y tiene la "convicción" de haber actuado "conforme a derecho" y de que "nada tenía ni tiene que ocultar" y recuerda que ni siquiera la querella de la Fiscalía General del Estado por el 9-N se dirigió contra él, sino sólo contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau.

Finalmente, desmiente los dos delitos concretos que se le imputan a Homs, desobediencia y prevaricación, alegando que para que se produzcan tiene que haber "un mandato expreso, preciso, cierto, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta", y nadie se dirigió expresamente al entonces consejero de Presidencia para apercibirle en persona. "Nada se le notificó personalmente y en consecuencia a nada fue advertido y requerido", arguye el escrito.