Así lo expresó el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, después de la reunión entre la líder de la oposición en Cataluña y portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Subrayó que el Gobierno de España “va a hacer que se cumpla la legalidad vigente” y puede “garantizar que el referéndum no se va a celebrar”. “La Constitución, que es de todos, garantiza el cumplimiento de la ley y nos vamos a limitar a hacer eso: a obligar a todos a cumplir la ley”, explicó.

“A cada paso que se dé en contra de la legalidad vigente, el Gobierno dará otro paso para cumplir la legalidad”, avisó, antes de reconocer que no se puede hablar en este momento de los posibles pasos porque el Gobierno desconoce “qué medidas van a tomar” desde la Generalitat.

En cualquier caso, sentenció que “el Gobierno será proporcional siempre a las medidas que tomen ellos”. “No sabemos hasta qué punto van a llegar ellos, pero las medidas del Gobierno serán proporcionales a cada paso” que los dirigentes de Cataluña den “fuera de la ley”.

Asimismo, dijo que el 9-N “no se puede llamar referéndum”, porque fue una consulta a la que acudió “no mucha gente” a votar. Ahora que se amenaza con un referéndum legal, prosiguió, el Gobierno central tiene el convencimiento de que “no se llegará a ese punto” definitivo.

Recordó que en este momento el Gobierno ya actúa cada vez que desde la Generalitat toman una “medida ilegal” y negó que la ‘operación diálogo’ haya saltado por los aires. “Nosotros diálogo, por supuesto”, remarcó.

REUNIÓN CON ARRIMADAS

Arrimadas se erigió hoy en interlocutora con el Gobierno ante el "aislamiento" del presidente de la Generalitat y para evitar que los ciudadanos de esa comunidad no estén representados en negociaciones sobre asuntos "vitales".

Solicitó el encuentro una vez que se confirmó que Puigdemont dejaba "la silla vacía" en la Conferencia de Presidentes. Denunció que en esa Conferencia se abordaron asuntos "vitales" para los ciudadanos de Cataluña y Puigdemont "dejó tirados" a siete millones y medio de catalanes al no representarlos.

El punto principal de este encuentro fue, según confirmó Bermúdez de Castro, abordar los acuerdos rubricados en la Conferencia de Presidentes, donde se acordó la creación de un grupo de trabajo con expertos de todas las comunidades para estudiar un nuevo modelo de financiación autonómica, un punto que preocupó especialmente a Arrimadas.

“En el supuesto de que Cataluña no nombrase experto para este grupo, serían los expertos propuestos por el Gobierno de España los que defenderían los intereses de los ciudadanos de Cataluña”, expuso el ‘número dos’ de Sáenz de Santamaría, que espera contar a final de la semana con los 17 expertos que trabajarán en este tema.