La proposición, que será debatida y votada en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, hace referencia al reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo.

En su artículo 3, el reglamento contempla “la prohibición de las compañías aéreas, sus agentes o los operadores turísticos a negarse a aceptar una reserva para un vuelo que salga de o llegue a un aeropuerto sujeto a las disposiciones del reglamento o a no embarcar una persona con discapacidad o movilidad reducida siempre que esta persona disponga de un billete válido y de una reserva, alegando motivos de discapacidad o movilidad reducida del pasajero”.

Sin embargo, Esquerra expone que “existen diferentes compañías aéreas que operan en el Estado español que se han negado reiteradamente a embarcar personas con discapacidad alegando razones de seguridad”, y pone como ejemplo el caso de “un estudiante español sordociego que, estando realizando una beca Erasmus en Londres, fue excluido alegando razones de seguridad de su vuelo”.

Ante esto, el grupo parlamentario catalán pide “elaborar un régimen sancionador para aquellas aerolíneas, agentes de viajes u operadores turísticos que reiteradamente vulneren los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo”, así como “denegar cualquier tipo de subvención o ayuda pública a cualquier aerolínea, agentes de viajes u operadores turísticos que vulneren los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo”.

Por último, aboga por “abrir un registro de quejas efectuadas por parte de las personas que puedan resultar afectadas, siendo excluidas o maltratadas con motivo de su discapacidad”, para así “publicar anualmente un informe de la situación de los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo y transporte público en el Estado”, que “será presentado mediante la comparecencia de la Secretaría de Estado pertinente a la Comisión de Estudio para las políticas integrales de la Discapacidad”.