El senador socialista José María Romero,autor de una moción en la que se piden medidas en favor de los presos discapacitados, ofreció algunos datos de este informe durante su intervención en el pleno de esta tarde y explicó que, de estos 668 casos, 615 son hombres y 53 mujeres.

El informe, en el que no se incluyen las cárceles de Cataluña, donde la Generalitat ha asumido las competencias penitenciarias, indica que 46 por ciento de estas personas son discapacitados psíquicos y el 41% discapacitados físicos. En cuanto a su situación penitenciria, el 80% se encuentran en segundo grado.

Romero alertó de que del total de casos de discapacitados detectados únicamente 135 tienen reconocida la certificación de discapacidad oficial por la administración competente, lo que quiere decir que más de 500 presos han sido catalogados como minusválidos por Instituciones Penitenciarias, pero no tienen el certificado legal como tal.

Esta proporción de en torno al 80% de discapacitados presos sin certificación legal de minusvalía se da prácticamente e la misma medida en todas las comunidades autónomas, pero en los casos de Canarias y Cantabria se da el dato de que ninguno de estos penados dispone del citado certificado.

En cuanto a su situación en las cárceles, 130 presos discapacitados están internados en las enfermerías de las prisiones, mientras que la mayoría, el 60%, se encuentra en los módulos normales. La situación del 23% restante no consta en el informe, lo que hizo sospechar al senador Romero que también se encuentran en los módulos usuaes.

Todos estos datos se refieren a los discapacitados que están presos porque en su día fueron declarados imputables, pero Romero también ofreció datos sobre aquellas personas que fueron declaradas inimputables en función de su minusvalía y a quienes se les aplica medidas de seguridad para que no vuelvan a delinquir.

Sobre éstos, explicó que en la actualidad hay 432 internos en los dos centros penitenciarios existentes, en Sevilla y Alicante. Entre ellos, sólo 76 tienen reconocida oficialmente s condición de discapacitado.

La mayoría de estos internos son esquizofrénicos, pero, según el senador socialista, también hay dos grupos importantes de personas con diagnóstico de retraso mental y con trastornos como consecuencia del consumo de drogas.

Para estos dos grupos, Romero consideró que en muchos casos sería más adecuado su internamiento en centros de educación especial o en centros de deshabituación, algo previsto en la normativa vigente, pero que, según denunció, no se cumple en la actalidad.

Ante estos datos, el senador del PSOE defendió la moción con medidas para mejorar la situación de los reclusos discapacitados, que encontró el apoyo de todos los grupos de la Cámara.

La iniciativa insta al Gobierno a que proceda a la tramitación de expedientes para certificar las discapacidades de los presos a través de los servicios sociales de los centros penitenciarios, que incentive programas de rehabilitación específicos, que arbitre medidas para su protección en el interior de las crceles y que incremente la participación de las ONG dedicadas a desarrollar programas dirigidos a estos colectivos.