Chang Chun-hung, Hung Chen-yao, Ko Shih-ming y Chang Wen-wei fueron ejecutados en prisiones de Taipei, Tainan y Taichun durante la noche del pasado 30 de abril, dos semanas después de que el nuevo ministro de Justicia, Tseng Yung-fu, se mostrara contrario a la abolición de la pena de muerte.

Tseng sustituyó a Wang Ching-feng el pasado mes de marzo, quien se negó a firmar órdenes de ejecución por su oposición a la pena de muerte.

La subdirectora del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, Catherine Baber, lamentó que estas ejecuciones proyecten "una sombra oscura en el historial de los derechos" de Taiwán.

"El mundo estaba mirando a las autoridades taiwanesas para que optaran por los derechos humanos y demostraran su liderazgo en el camino hacia la abolición de la pena de muerte en la región de Asia y Pacífico, pero con estas ejecuciones se ha extinguido la esperanza", recalcó.

Amnistía Internacional, que afirmó que 139 países han abolido la pena de muerte en su legislación o la práctica, pidió a las autoridades taiwanesas que establezcan de inmediato una moratoria de las ejecuciones y adopten todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en el país.

AI mostró su oposición a la pena capital en todos los casos, por considerarla una violación del derecho a la vida y una pena cruel, inhumana y degradante, y señaló que legitima un acto irreversible de violencia por parte del Estado.

"La pena de muerte se aplica a menudo de forma discriminatoria y se utiliza de forma desproporcionada contra los pobres, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas", apostilló.

Además, Amnistía agregó que la pena de muerte se impone con frecuencia tras un juicio injusto y que diversos estudios científicos no han podido encontrar pruebas convincentes de que disuada a delinquir con mayor eficacia que otros castigos.