La experiencia, según informó Ecologistas en Acción en una nota, demuestra que, tras 20 años de aplicación sistemática, el uso de veneno y las quemas de vegetación no han impedido las plagas de esta especie.

Sin embargo, el impacto sobre la flora y fauna de estas prácticas ha sido probado y "resulta inadmisible".

Según la organización, las resoluciones recurridas no se ajustan a la ley porque, entre otros motivos, no hay evidencia de la existencia de una plaga de topillo campesino en Castilla y León.

Contrariamente, agrega, sí existen datos contrastados que indican que la abundancia de topillos ha permanecido similar o se ha reducido ligeramente desde el verano, sin haber causado ningún daño a las cosechas de 2016.

Por ello, el Programa Antídoto exige la suspensión inmediata de las resoluciones que permiten la aplicación de bromadiolona y la quema de vegetación en linderos y tierras agrarias.

La bromadiolona es un potente veneno cuyo uso posibilita que se provoquen graves daños ambientales de imposible reparación, indica la nota. Por su parte, las quemas tampoco han resultado eficaces hasta ahora, pero sí generan perjuicios sobre otras especies, algunas protegidas de reptiles y de aves, y potenciales problemas locales de erosión y emisiones.

Según un estudio científico publicado en 2014, el uso de veneno provocó un descenso del 83% en la liebre en una comarca de León, un 68% del zorro, un 81% de la lechuza y un 72% de las águilas ratoneras.

Las ONG indican que la falta de causas justificadas es razón suficiente para decretar la inmediata paralización del uso de veneno y exigir a la Consejería que deje de dañar y poner en peligro el medio ambiente y la salud pública y afronte la cuestión de forma seria y rigurosa, partiendo de la consideración de que si hay plagas, estas son consecuencia de una mala gestión agrícola y del manejo de los hábitats.