En una nota de prensa difundida por el ministerio público, se indica que estas diligencias se emprenden en defensa de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, con el fin de determinar la realidad y naturaleza de estos hechos.

Desde la reforma del año 2014, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) habilita a los fiscales para iniciar las llamadas acciones de cesación con el fin de defender los llamados intereses difusos de consumidores y usuarios, que sin la actuación de la Fiscalía quedarían indefensos.

El ministerio público actúa en toda España como defensor del interés público tutelado por la ley, en este caso al amparo del artñiculo 11.5 de la Ley de Emjuiciamiento Criminal.